13/09/2026 | Por Alfonso Monsalve Solórzano
ADLE afirmó que acatará las sentencias judiciales, y lo está cumpliendo. Y eso está muy bien, porque es la expresión del respeto a las decisiones del poder judicial por parte del ejecutivo, característica esencial de la estructura institucional de una democracia de estirpe liberal como la nuestra, algo que el pasado y nefasto gobierno intentó desconocer con sus múltiples desacatos, amenazas y presiones indebidas como las muchas veces efectuadas por sus primeras líneas ante el Palacio de Justicia.
Ahora bien, el compromiso del gobierno inevitablemente choca con la guerra jurídica (lawfare), impulsada por la oposición política y/o los GAOS narcoterroristas, una de cuyas expresiones es el uso político perverso de los mecanismos judiciales como la tutela, con la complicidad o la idiotez útil de jueces que promulgan fallos que buscan, ya sea desacreditar algunas de las acciones del presidente (ya sea afirmar en público su fe religiosa o caminar entre las bolsas de cadáveres abatidos en un bombardeo; ya, sabotear las metas prioritarias de la administración actual, afirmadas ellas en la campaña electoral, lo que las convierte en compromisos de gobierno, como la prohibición del ensayo de aspersión sometido a toda clase de precauciones y controles ambientales, hasta cuando el juez verifique que, en su criterio se cumplen las condiciones fijadas por la Corte; o la prohibición de los bombardeos a campamentos de guerrilleros si no se está seguro de que en ellos no hay niños (condición imposible de cumplir).
Yo me imagino que ADLE y su entorno tienen previstas varias estrategias para enfrentar esa lawfare; y, quizá una de ellas tenga que ver con la derogatoria del decreto 799 de 2025 con el cual Petro, derogando el decreto 333 de 2021, le quitó la potestad que tenía el Consejo de Estado de conocer exclusivamente las tutelas contra el presidente, porque ese organismo venía decidiendo, mediante sus fallos, contra abusos de Petro a través de sus decretos, en un claro ejercicio del control constitucional. Que el Consejo de Estado retome el control constitucional de los decretos del gobierno es, precisamente, una manera de agilizar las decisiones que toma el gobierno de ADLE.
Porque lo que no puede ser, es que mediante un archipiélago de tutelas se paralice su accionar. Porque imaginen ustedes lo que ocurrirá si se ralentiza o se prolonga in aeternum la fumigación aérea; o lo que pasará cuando se publiquen decretos que tengan que ver con el Escudo de las Américas, por ejemplo, en asuntos tales como la manera de enfrentar en la frontera colombo-venezolana a los GAOS que delinquen aquí y se refugian allá, cuando la señora Elcy Rodríguez se vea obligada a tocarlos.
Pero, también, imaginen ustedes el rosario de tutelas que se podría desplegar contra el proyecto de presupuesto; o los que vendrán de las llamadas consultas previas para impedir que se produzcan hidrocarburos que nos saquen de la crisis energética; o lo que se podrán cuando el gobierno trate de superar la crisis humanitaria que azota al sistema de salud; para solo citar unos posibles casos.
POST SCRIPTUM
La dimensión del problema de salud en Colombia es tal que es necesario que se tomen muy pronto, en el término de la distancia, decisiones que lleven alivio real a los millones de usuarios. Sé que sólo ha pasado un mes desde que llegó ADLE al poder. Sé que los funcionarios del gobierno están tratando de resolver el problema, que hay un inmenso déficit y que los recursos son completamente insuficientes. Pero, hay que tomar medidas extraordinarias sin más dilación, tanto en el suministro de los medicamentos a tiempo, como en el tratamiento a tiempo, la descongestión de los hospitales y sus salas de urgencia. No puede ser que centenares de compatriotas estén en riesgo alto de morir por falta de tratamiento; miles de pacientes estén en dichas salas sentados por días y días, sin prácticamente ninguna atención; que, incluso, en las poquísimas que atienden bien y oportunamente a los pacientes, como la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, los médicos, las enfermeras y otro personal esencial estén sin pago por meses.
Se habló en campaña de un plan de choque por 10 billones de pesos. La crisis no puede esperar. Ya ha pasado un mes; quizá sea poco tiempo en otra problemática, pero no en esta, sería el momento de que, desde el alto gobierno le hablen al país y se tomen medidas de alivio.