6/09/2026 | Por Alfonso Monsalve Solórzano
La política de seguridad del gobierno de ADLE avanza y, como era de esperarse, ya aparecen las críticas y hasta las decisiones judiciales en contra por su aplicación. Algunos han tutelado para evitar los bombardeos y dos jueces de la república que la recibieron, ordenaron al Gobierno y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar bombardeos sobre objetivos militares. Los términos del juez de Bogotá fueron: “cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores de edad reclutados o utilizados por grupos armados”.
Por otra parte, algunos ciudadanos han expresado su descontento porque se mostraron los cadáveres de los dados de baja en las acciones de las fuerzas armadas, señalando que esa es un acto cruel y contrario a la dignidad humana.
La presencia de niños en los campamentos está estrechamente ligada al reclutamiento forzoso, que está estrictamente prohibido por el DIH y por la ley colombiana. “El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes constituye una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario y está categóricamente prohibido tanto por el ordenamiento constitucional colombiano, como por el derecho internacional público. A través del bloque de constitucionalidad….Colombia incorporó los estándares del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, cuyo artículo 4.3, literal c, establece una protección especial y reforzada para los NNA en contextos de conflicto armado, prohibiendo expresamente su participación en hostilidades y cualquier utilización por parte de actores armados” (Defensoría del Pueblo, noviembre de 2025, en pronunciamiento por bombardeo en El Guaviare del año pasado).
Este reclutamiento y el uso de niños como escudos humanos y combatientes, han sido dos prácticas atroces y perversas de largo tiempo, efectuadas por los grupos narcoterroristas, que se han aprovechado de las políticas gubernamentales para evitar ser atacados, porque siempre existirá un abogado o una ONG proclives a ello, que invocarán la presencia de menores para evitar ser enfrentados militarmente, con el fin de paralizar el uso de la fuerza del estado y convertir esa prohibición en una ventaja militar para esas organizaciones; además, de usarla como arma de propaganda contra el gobierno, en caso de que este recurra a dichas acciones, mostrándolo como un violador de los derechos de los niños.
Pero, la realidad es otra: “Colombia incorporó los estándares del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, cuyo artículo 4.3, literal c, establece una protección especial y reforzada para los NNA en contextos de conflicto armado, prohibiendo expresamente su participación en hostilidades y cualquier utilización por parte de actores armados. Por consiguiente, la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan, en este caso las disidencias conocidas como “EMC” al mando de alias “Iván Mordisco”. El reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra”.
Ahora bien, desgraciadamente, cuando los niños participan en las hostilidades, son un blanco legítimo, pues pierden su condición de civiles. Ahora bien, el senador Rafael Nieto, hace una anotación muy importante: el artículo 13.3 de ese protocolo dice que “La población y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares (…) salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. (https://www.infobae.com/colombia/2026/09/04/senador-rafael-nieto-cuestiono-decision-judicial-que-restringio-bombardeos-ante-conocimiento-de-presencia-de-menores-reclutados/.El subrayado es mío).
Ante cualquier acción de este tipo, el estado debe asegurase, en la medida de lo posible, de que la acción es proporcional y de que no hay opciones distintas que reduzcan el riesgo de bajas de menores. Digo, en la medida de lo posible, pues en muchas ocasiones, una determinación detallada de la composición de un blanco narcoterrorista no es viable y la amenaza que constituye ese objetivo hace imperativa su neutralización, porque de no hacerlo, el daño que puede causar es enorme para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. El gobierno pidió la revisión de la tutela, porque lo que esta ordena es suspender, de hecho, los bombardeos, Pues las condiciones que pone para hacerlos son imposibles de cumplir. Esperemos que el resultado sea en la dirección correcta.
En cuanto a la exhibición pública de las bajas de los narcoterroristas caídos en las acciones de las fuerzas del estado: en términos generales, entiendo a quienes les parece mal, pero en este caso, en el contexto colombiano se trata de un mensaje muy crudo enviado, no a víctimas inocentes, sino a criminales de guerra y lesa humanidad, que están acostumbrados a la violencia extrema, incluidos actos atroces que emulan la barbarie de dictadores como Hitler, Stalin, Mao Tsedong, Fidel Castro, entre otros; y de mafiosos como Escobar; y que vienen de burlarse del estado durante el proceso de la paz total. La lectura, terrible, pero eficaz, es: hay autoridad y decisión de enfrentarlos si no se someten a la justicia colombiana. No tienen otra opción. Está cesando su imperio.
POSTCRIPTUM
El gobierno de USA se jacta de que firmó el mayor acuerdo petrolero del mundo con el gobierno ilegítimo y criminal venezolano de Elsy Rodríguez y Diosdado Cabello. Desde el punto de vista geopolítico, como afirma Luis Carlos Vélez, en su podcast Vélez por la Mañana, es un gran logro para USA porque deja de depender del Medio Oriente —lugar conflictivo para ese país, por excelencia, y situado a miles de kilómetros, donde tiene enemigos como Irán— para asegurar sus necesidades de combustible. Pero el precio que paga el pueblo venezolano es la continuación del régimen horrible del dúo Rodríguez–Cabello, (sobre cuya cabeza ofreció hasta hace poco millones de dólares por su captura) y la prolongación indefinida de la dictadura. La democracia venezolana no está en los planes de Trump. Sólo el petróleo. Algunos lo llaman gragmatismo…