16/08/2026 | Por Alfonso Monsalve Solórzano
La tragedia del terremoto de intensidad 7.4, que afectó básicamente el centro–occidente del país, ha despertado una ola solidaridad entre los colombianos, que nos hemos volcado a ayudar a las víctimas. Es algo que enaltece a nuestro país. Todos, gente del común, jóvenes, trabajadores y empresarios, han trabajado sin descanso y han recolectado recursos para apoyar a los habitantes de las regiones afectadas, en una muestra de cohesión social ante la tragedia que nos habla de que la solidaridad vence la polarización inducida por los creadores de caos.
Pero esta respuesta masiva no hubiese sido posible de canalizar si el gobierno nacional no hubiese desplegado sus capacidades de ejecución y organización: el presidente, el vicepresidente y sus ministros se han puesto al frente de la tragedia para mitigarla, dando esperanza y escuchando a los damnificados y proveyendo de certeza al país de que las víctimas del terremoto no están solas y anunciando que se apropiarán los recursos para la reconstrucción sin favoritismos y sin dejar a nadie por fuera, pues ha sido notorio que en su trabajo ha podido articular al poder regional de los gobernadores y alcaldes concernidos, integrándolos a las tareas que se realizan y las que se proyectan, práctica distinta a la infamia que era usual con Petro, quien excluyó a los gobernadores y alcaldes que no lo adulaban y fue capaz de hacer una reunión sobre las inundaciones en Córdoba si hablar con los alcaldes de ese departamento, que lo esperaron por horas.
Es notable lo que el gobierno de ADLE ha hecho hasta ahora, si se tiene en cuenta que apenas llevaba horas de asumir el poder. Pero también es una prueba inmensa a su capacidad de dar respuesta a los problemas nacionales que en esta semana han estado en espera, pero que no admiten aplazamientos, como las medidas para comenzar a superar la crisis humanitaria de la salud, dado que la reconstrucción de las zonas afectadas y la atención de las víctimas tienen altos costos que no estaban previstos.
Ahora bien, su agenda de la lucha contra los grupos narcoterroristas, a los que bombardeó algunas de sus estructuras continuó estas semana, cumpliendo la promesa de campaña.
También se formalizó el pasado jueves la integración al Escudo de las Américas, mediante la firma de un formulario de entendimiento, en Panamá, entre el secretario de guerra Pete Hegseth y el ministro de defensa Jorge Mora. Recordemos que ya Washington ofreció gestionar US$ 1.000.000.000 para cooperación en varios frentes, entre ellos, el de seguridad, en lo que se podría considerar una especie de Plan Colombia 2.0 (ver mi artículo de hace 8 días, la seguridad, prioridad indiscutible).
En su intervención en Panamá, Hegseth dijo, “Colombia ya le ha solicitado al Departamento de Guerra que se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y a las redes de terror”. Además, agregó:
“La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro” y “Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad” (https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260813-eeuu-y-colombia-realizar%C3%A1n-acciones-militares-conjuntas-en-la-lucha-antidrogas).
Frente a eso, tengo varios comentarios: La cooperación en equipos, tecnología y de inteligencia con USA ha existido desde hace tiempo. Precisamente fue determinante en la derrota militar que Uribe le propinó a guerrillas y autodefensas, que posteriormente Santos echó para atrás con el acuerdo de paz firmado con las FARC durante su gobierno.
Pero una cosa es esa y, una muy otra, la participación en tierra, el espacio aéreo o marítimo nacionales, de tropas de otros países. Para hacerlo se necesita autorización del senado y control de la Corte Constitucional de dicha autorización.
Adicionalmente, la versión trumpeana de la Doctrina Monroe, de América para los Americanos, significando con América a USA; y su corolario de que los países al sur del Rio Grande (pero, en el caso de Trump, también Canadá y Groenlandia, que vendrían a ser el “patio delantero”), es inaceptable y humillante. Como dijo el ministro de defensa del Chile, Fernando Barros, cuyo gobierno es de derecha, “Chile no es el patio trasero de nadie” (https://www.cnnchile.com/pais/ministro-barros-tras-polemico-discurso-del-secretario-de-guerra-de-estados-unidos/).
Asimismo, la metáfora colateral de que hay un nuevo sheriff en la ciudad, es decir, que anuncia el papel de USA como el policía del continente, no se compadecen ni con nuestros intereses nacionales ni con la dignidad de un estado libre. Nosotros participaríamos en esa alianza porque es de nuestro interés nacional derrotar al narcoterrorismo para recuperar la soberanía interna, por lo que el precio no podría ser, perder la soberanía externa obedeciendo a los intereses nacionales de USA —como la “orden” que da Hegseth de abandonar la CP— distintos a los del combatir el narcoterrorismo internacional, que afecta a los dos estados y, por lo tanto, coincidimos en ese punto específico. Porque Colombia tiene sus propios intereses geopolíticos, ligados a la construcción de una nación próspera, independiente y soberana, y sus alianzas en la arena internacional deberían determinarse por esas características.
Y precisamente, dentro de los intereses geopolíticos nuestros, está, como dije en el mencionado artículo mío, el de tener una buena relación con Trump, su gobierno y su partido republicano, pero también con el partido demócrata, porque los vaivenes del poder en ese país indican que no es sabio casarse “para siempre” con una apuesta que posteriormente puede perder las elecciones.
Por esas razones, es necesario esperar las aclaraciones del gobierno de ADLE a esas inquietudes. Y ellas estén en el marco de la constitución y la ley, que es lo que, repito, ha prometido respetar, así como los intereses geopolíticos específicos de Colombia y su dignidad nacional.
POSTCRIPTUM
Esta semana viví la discusión sobre la aprobación del CD en el senado de la salida del país del expresidente Petro. Estando, como estoy, convencido de que es un pillo que tiene que pagar en la cárcel por sus acciones y omisiones contra el estado y el pueblo colombiano, entiendo que mi deseo debe ir acompañado de un proceso judicial, en el que, con pruebas contundentes, se demuestren sus delitos; como es derecho de todo colombiano. En el momento tiene más de cien investigaciones en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara o en la Justicia, pero en ninguna de ellas ha sido imputado o condenado.
Me hierve la sangre, pero en esa circunstancia puede ejercer su derecho fundamental a la movilidad con las únicas limitaciones que las que le impuso el senado, que propuso, precisamente, el CD. ¿Qué va a huir? Probablemente. ¿Que se pasará por la faja las condiciones? Posiblemente. Pero esa es una consecuencia que debe asumir cualquiera que prefiera que el estado democrático derecho, en este caso, el debido proceso, sea una garantía universal. Porque lo demás es pensar que la ley se aplica si me gusta, pero la violo si no. Así comienzan las dictaduras.