9/08/2026 | Por Alfonso Monsalve Solórzano
Petro se fue mal ido. Se lo merecía. Ojalá —y es lo más seguro— pague en una cárcel, colombiana o extranjera, toda la corrupción, el endeudamiento desbordado y el consabido saqueo a las finanzas públicas que permitió por acción u omisión, para atornillase en el poder, o. simplemente para que sus secuaces se enriquecieran ilícitamente; que pague por todos los daños a millones de pacientes que causó; por toda la destrucción a la soberanía nacional que encabezó.
Pero también, que paguen él y los grupos que lo arroparon durante el desastroso cuatrienio pasado políticamente, por la degradación moral a la que sometió al país, los errores garrafales en materia energética, en fin, en todos lo frentes de su actividad como presidente, para que él y su corriente política jamás tengan la oportunidad de volver al poder de la nación.
Y para que esto suceda, al gobierno de ADLE le tiene que ir bien. Y todo parece indicar que así será: mostró la ruta a seguir en seguridad, economía, salud, en todas las áreas importantes de lo que será su actuar presidencial y a fe que lo hizo con claridad y acertadamente en las soluciones que presentó.
Por hoy, me referiré principalmente a su propuesta de seguridad y la lucha antiterrorista, porque es crucial en la comprensión de su relación con la oposición.
El fin de la paz total era una de sus promesas centrales, si no la central, de su propuesta. De ahora en adelante los GAOs y las bandas urbanas, o se entregan o serán perseguidas con el peso de la ley. Y eso, además, de voluntad política, necesita recursos de una magnitud que, difícilmente podrán surgir en su totalidad, de la capacidad de los colombianos para sufragarlos, por lo que necesitamos aliados que aporten. De ahí su alianza para tal fin con el gobierno de USA y otros países, signando el Escudo de las Américas. El punto nodal es que Washington, que ha determinado la lucha contra el narcoterrorismo como una prioridad de su seguridad nacional, prometió un apoyo, al gobierno de ADLE, de $US 1.000.000.000, así como soporte tecnológico y militar; una especie de Plan Colombia 2.0. Hasta el momento no está claro todavía a partir de cuándo los desembolsa y en cuantas entregas, y si se trata de un único aporte; pero el caso es que este se tramitará y será crucial para el éxito de la lucha contra los narcoterroristas.
En efecto, esta es la oportunidad de oro para terminar, de una vez por todas, con el cáncer que representa la existencia de grupos originados en la Guerra Fría, ya sea como guerrillas que luchaban bajo las orientaciones soviética, china o cubana, o, como fuerzas contrainsurgentes que los combatían. Pero que con el fin de la confrontación estadounidense–soviética, convirtieron el narcotráfico, que utilizaban para financiar sus causas, en el centro de su actividad, en realidad, en la única razón de su existencia y la razón mayor de la trágica violencia que vive nuestro país, pues desde entonces se han convertido en carteles armados que manejan cantidades ingentes de dinero y que se disputan el control territorial con el estado, si es que éste no es complaciente, como en el caso del gobierno de Petro, y entre ellos.
La izquierda que deja el poder afirma que la guerra contra esos grupos es una imposición imperial de los Estados Unidos y que llevarla a cabo es una muestra de vasallaje que va contra la soberanía nacional, porque el problema de salud pública y de productividad que representan millones de enganchados a las drogas en USA es un problema del país del norte y no nuestro, porque el grueso de las ganancias se queda allí y no hacen nada para detener la epidemia de la adicción, y, en cambio, usan a nuestros jóvenes en una guerra que no les pertenece. Precisamente, el eje de su oposición va a ser señalar ese punto.
Pero eso es falso. No sólo es que decenas de miles de campesinos cultivadores de coca están controlados en sus vidas y usados por los cárteles del narcotráfico para enriquecerse y para ser su carne de cañón para socavar la unidad territorial, política y jurídica de nuestra nación, fragmentando el territorio, balcanizándolo. Es que también a su alrededor se han configurado bandas de delincuentes urbanos que trafican y envician a nuestros jóvenes por decenas de miles y les destruyen sus vidas. El consumo de estupefacientes hace rato es un problema estratégico de salud pública en Colombia, que, por otra parte, se liga a la existencia de bandas, que, además de traficar, extorsionan, asesinan, amenazan a los ciudadanos colombianos y controlan social, militar y políticamente a los entornos urbanos donde se asientan. Las ciudades también son un archipiélago de poderes.
Por eso, derrotar a los grupos narcoterroristas y a las bandas urbanas es un asunto de supervivencia nacional, y, por eso, alcanzar la seguridad y realizar las alianzas necesarias para alcanzarla, es una verdadera prioridad nacional. Ahora bien, en ellas, deberá preservar el interés nacional y tener al país protegido de los vaivenes de la política norteamericana, porque Trump y el trumpismo se irán en algún momento y las necesidades estratégicas de nuestro país no podrán depender exclusivamente de la relación con el partido republicano que lo apoya, sino que tendrá que ser de estado, de manera que incluya, también, a los demócratas, para evitar quedar en el aire y aislados en un momento determinado.
Ahora bien, la relación con los campesinos cultivadores de coca será crucial. Según el anuncio de ADLE, habrá fumigación, porque ya hay más de 330.000 hectáreas de esa planta sembradas y hay que detener y acabar con esos narcocultivos; pero, se hará siguiendo las normas establecidas por la Corte Constitucional con herbicidas de última generación que no afectarán la tierra u otros cultivos, ni a los humanos ni a los animales. Y es extraordinariamente importante señalar que no será una política de tierra arrasada, sino que habrá acompañamiento estatal a los campesinos para que transiten a cultivos legales.
POSTSCRIPTUM
Para mí, solo hubo un lunar en la ceremonia de posesión. El uso de manifestaciones religiosas católicas, cristianas no católicas y judías, en un estado laico como el colombiano: según sentencia C-350/94, Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico.
Alguien dirá que en Colombia la mayoría es católica y que el presidente tiene derecho a hacer pública su fe, y que, además, entrevieron un pastor cristiano y un rabino. Es cierto que el presidente tiene el derecho a tener su credo, pero no a exhibirlo como parte de un acto público, pues puede incomodar u ofender a quienes no lo profesan, y el es el presidente de todos los colombianos, los católicos y los que no lo son.
Adicionalmente, si bien, en Colombia hay entre 39.000.000 y 41.000.000 católicos y unos 7.600.000 cristianos no católicos y entre 4.000 y 6.000 judíos, también hay entre 85.000 y 100.000 musulmanes y entre 300.000 y 500.000 ateos o agnósticos, e indígenas que tienen cosmovisiones ancestrales (a pesar del esfuerzo que hizo, en su momento, el estado por catolizarlos) para no hablar de otro credos. Por eso, para no excluir a nadie de la protección que hace la constitución a los ciudadanos garantizando la libertad de cultos, el estado no debe confesar o preferir a algunos de estos. Todos son iguales ante la constitución y la ley. El estado laico es un triunfo de la democracia occidental que aprendió duramente la lección del fanatismo religioso durante las guerras de religión y los tribunales de inquisición en Europa.
Y la batalla cultural contra los valores del wokismo no son para excluir religiones, sino para preservar los valores de la democracia, el primero de los cuales es la libertad de opinión, defendida por muchos intelectuales, quienes tuvieron que pagar en sus universidades el linchamiento moral y el destierro académico, es decir, la cancelación, por no abrazar el credo de la izquierda. Que no ocurra lo mismo con la derecha.