12/07/2026 | Por Alfonso Monsalve Solórzano
A semanas de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la república, Petro y Cepeda se han dedicado a desconocer, el primero, el triunfo de ADLE, y ha declarar, el otro, que se trata de un presidente “ilegítimo”, por lo que desde ya convoca a la “desobediencia civil”.
Mucho se ha hablado de que todo apunta a que estarían fraguando un golpe de estado. Pero, la realidad, que es tozuda (como decía Lenin), es que no están dadas las condiciones para que tal golpe se dé, a pesar de lo mucho que quisieran, y ellos lo saben. Las instituciones democráticas, especialmente, las Cortes, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han respaldado la legitimidad de la elección de De la Espriella, luego de que este último organismo lo declarara oficialmente presidente. El congreso saliente tampoco les hizo el juego; los partidos políticos, salvo el Pacto Histórico, reconocen su triunfo; y la comunidad internacional, comenzando por USA y la Unión Europea, pero, también por los amigos del petrocepedismo, los presidentes de México y Brasil, también lo hacen.
Se trata, entonces, de estrategias paralelas que buscan hacer invivible el país, como declaró su compañera Viviana Marín Carmona, secretaria política de las Juventudes Comunistas (JUCO) y que ya comenzaron, antes de empezar el mandato, como lo muestra la agitación actual en torno a ellas, que incluyen una proyectada movilización el 20 de julio, que aspiran sea gigantesca, y que aspiran a mantener en las calles de las ciudades y en los campos, de manera creciente y coordinada, con acciones terroristas de las primeras líneas, las mingas,, las milicias, loa ataques armados de los GAOs, para hacer ingobernable al país y forzar al presidente a renunciar o a negociar una capitulación programática y política con ellos. Es que su objetivo, si no pueden sacra a ADLE antes de que finalice su periodo, es crear tal agitación social y tal descontento que les garantice el triunfo para volver al poder en el 2030.
En esa perspectiva, un buen gobierno de ADLE es la única manera de que el país enfrente los próximos cuatro años para que la pesadilla no regrese y acabe por destruirlo. Se trata de gobernar bien para todos los sectores, quitándole la base social que pueda tener el petrocepedismo. Hay acciones inmediatas, que ya están anunciadas, como la de darle una salida a la crisis en salud, o el mantenimiento de subsidios a sectores vulnerables, que son los que realmente los necesitan, dentro de una política de congelamiento del gasto (“corbatas” que tienen contratos sin trabajar, o pagos por no delinquir, etc., desaparecerán; pero las madres cabeza de familia o personas de la tercera edad en condiciones de pobreza, los mantendrán.
Pero, el manejo del orden público será un punto central en el nuevo gobierno y también está cruzado por lo social: el petrocepedismo intentará crear incidentes, caos y confrontación invocando el derecho a la protesta y a la movilización en las ciudades y la desobediencia civil, no sólo invocando causas “sociales”, sino la defensa a la soberanía, intentando despertar un sentimiento “antimperialista” porque ADLE ha anunciado una alianza estratégica fuerte con el gobierno de USA para derrotar a los grupos narcoterroristas. El narcoterrorismo es la principal amenaza a la seguridad nacional y a la existencia misma de nuestro estado democrático. Si no se derrota ese fenómeno, no habrá paz en Colombia, ni el estado de derecho podrá establecerse en todo el territorio nacional. Aquí habrá que distinguir entre los narcoterroristas y las 230.000 familias que viven del cultivo de coca, derrotando a los primeros y dándoles salidas económicas a los otros.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró al narcotráfico como una amenaza de primer orden a su seguridad nacional y decidió que era una prioridad derrotarlo. De hecho, ha adelantado acciones para hacerlo, como la captura de Nicolas Maduro y la instalación en Venezuela de una especie de tutela, para, entre otras cosas, desmantelar el narco. Pero, lo más importante, está impulsando el Escudo de las Américas, una alianza entre USA y países latinoamericanos (17, en total) para combatir, incluso militarmente, el crimen organizado y el narcotráfico; ejercer el control de la emigración ilegal y la contención de la influencia de competidores de USA en el continente, básicamente, china. Este último punto ha sido presentado como la versión trumpista de la política de América para los americanos, la llamada doctrina Monroe, de 1823, que inicialmente estuvo pensada como una consigna contra el colonialismo europeo, pero devino en una expresión del intervencionismo norteamericano.
Pues, bien, ADLE ha anunciado su adhesión al Escudo de las Américas. Ya el petrocepedismo está hablando de que el nuevo presidente, por tener ciudadanía norteamericana, está defendiendo los intereses de ese país, y hasta lo han acusado de ser agente de una de las agencias de inteligencia norteamericana. En el momento en que concretice su adhesión, será acusado de traición a la patria y las movilizaciones en torno al intervencionismo estarán a la vuelta de la esquina, sumadas a las movilizaciones “sociales”. Todo fríamente calculado.
Lo que los colombianos debemos tener en cuenta es que quienes desafían la soberanía nacional y la seguridad de Colombia, son los GAOs que tienen grandes ejércitos privados y fraccionan nuestro territorio a punta de fusil; GAOs que, por otra parte, no dudan en aliarse con Cuba, Irán, la Venezuela chavista, Irán, Hamas, Hezbolá, para narcotraficar, comprar armas y recibir instrucción militar. Y que es un derecho de nuestro estado aliarse con aquellos que comparten el mismo objetivo -la derrota del narcoterrorismo- para liberarse de esa pesadilla. Y frente la doctrina Monroe trumpista: ya ADLE dijo que privilegiará las relaciones con USA, pero mantendrá relaciones pragmáticas y comerciales con China, evitando que se construyan lazos de dependencia.
Por mi parte, pienso que Colombia debe tener una política de estado en las relaciones internacionales abiertas al intercambio y la cooperación con todos aquellos países que tengan esa misma actitud con Colombia; y dentro de ellas, unas relaciones con USA, de defensa de la democracia, de cooperación y mutuo apoyo en aquellos puntos en los que los intereses de los dos países coincidan -es decir, de estado, que trascienda el interés particular del gobierno de Trump- como la lucha contra el narcoterrorismo. Pues bien, por lo dicho, hasta ahora por el gobierno entrante, no hay nada en las relaciones internacionales, especialmente, en las que se sostendrán con USA, que haya una entrega de la soberanía nacional, sino un ejercicio de cooperación.
Ahora, a aguantar la ofensiva del petrocepedismo. ADLE ha dicho que garantizará los derechos a la protesta, a la movilización, etc.; pero, la garantía de esos derechos debe ir acompañada de la legítima defensa de los derechos de todos los colombianos y debe ser tal que la violencia contra las autoridades, los civiles, las instalaciones y la infraestructura pública y privada pueda ejercerse, dentro del marco de la constitución y las leyes. La violencia ejercida por manifestantes y actores armados no es un derecho, sino una transgresión a la ley.
Y no olvidemos que, en muchas de esas movilizaciones ha habido participación de los Grupos Armados Organizados, GAOs y que, en el próximo cuatrienio, la coordinación e interacción de los grupos violentos será mayor que durante el período de Duque, por la simple razón de que el gobierno de ADLE ha declarado el fin de la Paz Total. Durante el mandato de Petro, con dicha estrategia, los grupos narcoterroristas se expandieron y fortalecieron, en razón a que el actual gobierno renunció a perseguirlos, jugando al “congelado”, mientras frenaba bombardeos y purgaba a las Fuerzas Armadas de los oficiales que los combatían, por exigencia de los criminales, como ya quedó demostrado de la investigación de Noticias Caracol sobre las “negociaciones” con el Clan del Golfo, encabezadas por Danilo Rueda cuando Iván Velásquez era ministro de defensa (https://www.noticiascaracol.com/informes-especiales/secretos-de-negociacion-con-clan-del-golfo-gobierno-prometio-sacar-oficiales-y-frenar-bombardeos-rg10).
En el nuevo gobierno, el secuestro, las tomas armadas, la extorsión, el desplazamiento y el emplazamiento ejercido por estructuras armadas serán combatidos con rigor, y esos grupos serán sometidos.
Ahora bien, los grupos urbanos y los GAOs no contarán con los apoyos del dinero a chorros que muchos recibían del gobierno de Petro, y que ya el país y las instituciones aprendieron a controlarlos. Habrá menos “clientela” y los GAOs cada vez tendrán menos posibilidades de acción, por lo que es razonable pensar que sus “protestas” irán perdiendo intensidad y el imperio de la ley se irá afianzando.